Desbarajuste eléctrico

Imagen: Kainet, flickr (cc)
Imagen: Kainet, flickr (cc)

Viviendo a miles de kilómetros de Madrid, de España, las cosas que suceden en nuestro país se ven desde otro prisma. Ni mejor, ni peor, diferente. Y esta semana la pregunta que cualquiera se hace tras lo sucedido con la última subasta de la luz de último recurso –TUR- , es ¿cuando se perdió el sentido común?

Dos años lleva el Ministerio de Industria diseñando una reforma eléctrica que pusiera coto al despropósito de la legislatura anterior, esa en la que Miguel Sebastián, exministro de Industria, decidió que se sentía rico y que como cualquier país rico tenía que “apostar” por subvencionar energías nuevas, distintas, que nos hicieran líderes mundiales en algo más que en kilómetros de AVE a ninguna parte.

Y efectivamente lo consiguió. Instauró una ley por la que las primas a las renovables – subvenciones encubiertas que pagamos los contribuyentes- se disparaban de forma exponencial para los siguientes 25 años con una rentabilidad fija del 20 %. No contento, por ley se decidió que la energía fotovoltaica y solar era la primera en entrar al sistema a un precio 7 veces superior al de la energía nuclear – por ejemplo- que es la más limpia, la más barata y la que menos contamina. Unos 50 euros cuesta un KW./H de  electricidad nuclear frente a unos 450 euros Kw./H de termosolar.

En ésta melé de intereses con uno de los sectores mas fuertes de la industria española, las eléctricas aseguran que la culpa de que en España tengamos una de las facturas de la luz más caras de Europa es de todos los gobiernos de la Democracia. Seguro que es así, pero alguna culpa tendrán las eléctricas también, ¿no? Por ejemplo: sea como fuere, vamos a asistir dentro de diez días a una situación absolutamente bolivariana, las eléctricas se verán obligadas a aceptar por decreto la intervención directa del gobierno en un mercado “libre” para fijar el precio de la luz.

Pero volvamos al asunto. Cuando a casa llega la factura de luz, esa que te presupone un master para entenderla, resulta que prácticamente el 60 % de la misma son impuestos, subvenciones y tasas de origen legislativo. Sí, cuando uno paga la factura de la luz tiene que pensar que no solo está pagando la luz, también paga el impuesto verde, subvenciona la luz a los españoles que viven en las Islas, subvenciona la tarifa de último recurso, el céntimo para las comunidades autónomas, la parte correspondiente de subvenciones a las renovables… Total: 12.000 millones de euros al año que no tienen nada que ver con lo que cuesta generar, distribuir y comercializar la luz.  El hecho de que 12.000 millones de euros para hacer frente a cuestiones políticas estén dentro de la tarifa del luz, implica que somos muy solidarios. El gesto de encender la luz es un gesto generoso, comprometido con el medioambiente, en realidad con todo lo “verde”.

Durante décadas la factura de la luz ha sido un instrumento político mas. Se ha congelado en épocas electorales, se ha reducido de forma sustancial a los colectivos más desfavorecidos, se ha primado cualquier electricidad menos la nuclear- cuya moratoria seguimos pagando-. En fin, que la luz es un elemento electoral mas, hasta que la deuda con el sector eléctrico ha llegado a los 30.000 millones de euros, el 30 % del PIB. Una deuda que el Gobierno de Rajoy ha conseguido que no compute como déficit público ante Bruselas con el compromiso de reformar el sistema hasta eliminar la deuda contraída.

Paralelamente el coste energético es el segundo más alto en la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, la subida de los precios de la luz encarece los productos, bienes y servicios y se refleja en el IPC.

La semana pasada, la subasta de la parte “liberalizada” de la tarifa de la luz se “disparó” hasta los 61,70 euros Kw./h. La subasta de la TUR se lleva a cabo cada 3 meses y se toma como partida el precio de los futuros de la luz. En un sector intervenido – ya que el precio está garantizado por el estado- , la inestabilidad regulatoria dispara la prima de riesgo del coste de la luz, y como es normal, los operadores apuestan a esta incertidumbre.

La suspensión por primera vez en la historia, de una subasta de luz con operadores financieros de todo el mundo – que se llevaron el 80 % de la misma, por posible “pacto de precios”, es un lío monumental por tres razones:

1.- Imaginemos que hay “colusión” tal y como ha dicho el gobierno y el comisario Almunia. Implica ponerse de acuerdo 38 operadores distintos – difícil pero posible- Si esto es así habría que imputarles inmediatamente por estafa,  manipulación de precios, etc. Las empresas eléctricas españolas que apenas participaron en la subasta, exigen al gobierno que diga quien participó en la misma y en qué condiciones lo hicieron.

2.- Imaginemos que la Comisión nacional del Mercado de la Competencia argumenta que “no ha habido colusión”. ¿Quién ejecuta el coste de la subasta inhabilitada? ¿Quién cierra las posiciones de los operadores? ¿Quién paga el coste de la subasta suspendida?

3.- Y en tercer lugar, el gobierno ya ha anunciado que no habrá nueva subasta y que estudia un mecanismo de “fijación de precios, sin fijar el precio en un mercado liberalizado”. Para ello tiene hasta el 31 de enero. Y después: ¿Habrá nuevas subastas? ¿Quienes acudirán a esas subastas?. ¿Cómo se financiará esa parte de la tarifa no regulada?

En 18 horas alguien se ha cargado la “seguridad jurídica” del sistema eléctrico español sin pensar en las consecuencias de cara a los mercados internacionales. Pero aún hay mas, los españoles seguiremos sin saber, exactamente cuando cuesta la luz cada vez que encendemos el interruptor, porque será una cuestión del libre albedrío de un algoritmo supuesto de alguien – supuesto también- dentro del Ministerio de Industria.

Siempre hay un día en que todo el sentido común se pierde, de repente, sin avisar, cuando menos te lo esperas. La reforma eléctrica aprobada el viernes en el Parlamento no prevé mecanismo alguno para sustituir a la subasta eléctrica. Y así estamos inmersos en la perplejidad.

Los 10 milmillonarios latinos

Los hay ricos, los hay súper ricos, los hay multimillonarios y los hay mil millonarios. Si existen, están entre nosotros, algunos se comportan como gente normal y otros son extravagantes. La revista Forbes ha hecho público el listado de los 10 hombres y mujeres mas ricos de América Latina. Algunos son tan famosos como el hombre más rico del mundo, el multimillonario mexicano Carlos Slim con una fortuna de 73 mil millones de dólares (poner todos los ceros es un poco hortera pero lo haremos: 73.000.000.000 millones de dólares), y otros menos. En todo caso, Forbes les ha descubierto  y la lista cuenta con 3 mexicanos, 4 brasileños, 2 colombianos y un chileno. Hay una sola mujer, la chilena Iris Fontbona.

Tras Carlos Slim llega como número 2, otro mexicano, Alberto Bailleres Gonzalez, que a su vez ocupa el número 31 de los más ricos mundiales con una fortunita de 18.200 millones de dólares, y el 3º es la primera fortuna de Brasil: Jorge Paulo Lemann, número 33 de los mas ricos del mundo con 17.800 millones de dólares en cartera. La suma total de los 3 hombres más ricos de Latinoamérica –, supera los 100.000.000 de dólares, es decir, hay que contar en trillones, pero para hacerse una idea podrían pagar la deuda exterior de España.

El número 4 de los mas ricos de Latam es la chilena Iris Fontbona, con 17.400.000 millones de dólares y, que a su vez, ocupa el número 35 del listado mundial de Forbes. Le sigue ( en quinto lugar) el mexicano Germán Larrea Mota, el cuarenta hombre mas rico del mundo con una fortuna de 16.700.000 millones de dólares. En sexta posición la segunda fortuna de Brasil cuyo único heredero es Joseph Safra cuya cuenta corriente suma 15.900.000 millones de dólares y ocupa el número 46 de los más ricos del mundo. Le siguen el colombiano Luis Carlos Sarmiento con 13.900.000 millones de dólares, el brasileño Antonio Erminio de Moraes con 12.700.000 millones de dólares, el también colombiano Alejandro Santo Domingo y sus 11.700.000 millones de dólares y, en último lugar Dirce Navarro de Camargo que ocupa el número 87 de los más ricos del mundo.

 Los 10 tienen casa en Nueva York, en la gran manzana, en el Upper East Side, y es fácil encontrarles cenando en Orsay, el restaurante francés de la 75ST y Lexington y a sus mujeres haciendo la compra en Citarella. 

Cemex, Pemex y el lío mexicano en Repsol

A Cementos de México se le venía encima la mundial. Una multa de 450 millones de euros por simular supuestamente pérdidas para pagar menos impuestos a Hacienda. La inspección abierta en su día forma parte de la cruzada del ministro Montoro contra las grandes compañías para que paguen los impuestos que les toca, en un país (España) que necesita urgentemente ingresos. De hecho los inspectores de la Agencia Tributaria se han quejado de forma insistente de que el denominado gran fraude lo cometen las grandes fortunas y las grandes compañías, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.

Producto de la investigación a Cemex durante los ejercicios fiscales desde 2006 al 2009, la inspectora encargada del caso impuso una multa a la cementera de 450 millones de euros. La inspectora encargada del caso fue cesada fulminantemente. Según parece Cemex y el Gobierno mexicano a través de la embajada de México en España habrían mostrado durante todo el proceso de investigación su “desconcierto” y su “total oposición a la millonaria multa”, llegando incluso a “contaminar” las de por sí complicadas relaciones de otras multinacionales mexicanas -Pemex (Petróleos de México)- en este caso en Repsol.

Las autoridades diplomáticas mexicanas -siempre según las mismas fuentes- habrían mantenido conversaciones con representantes del Ministerio de Exteriores y, también con representantes del Ministerio de Industria, hasta el punto que el ministro Soria habría intercedido para “no mezclar asuntos”, y el presidente del Gobierno Mariano Rajoy aseguró está pasada semana que “Pemex es un importante accionista de Repsol, y que no le preocupan las informaciones de que Pemex estaría detrás junto con el multimillonario Slim de un posible “golpe de mano” en Repsol para destituir a su presidente Antonio Brufau. El intento del presidente Rajoy sería superar totalmente la multa de Cemex con la evolución de los acontecimientos en Repsol.

Pero el lío es evidente, la guerra está servida, hay un componente diplomático que llega incluso al secretario de Estado de energía estadounidense, Ernest Moniz, quien visitó España la semana pasada y criticó la expropiación argentina de la filial de Repsol YPF. En todo este rompecabezas de intereses cruzados sobresale la figura de un nombre propio, Carlos Slim. El hombre más rico del mundo podría estar detrás del lío diplomático-empresarial que ya afecta a 3 países: Argentina, México y España, y que está teniendo consecuencias colaterales, como el traslado de forma súbita del embajador español en Argentina a Nueva York.

Lío que comenzó tras las tensiones que el multimillonario Slim está creando en el seno de las empresas participadas por La Caixa y no solo. Parece ser que Carlos Slim vio una oportunidad de oro en las desinversiones que La Caixa tenía que hacer producto de Basilea III en su cartera industrial. Con el acuerdo de La Caixa e Imbursa (sociedad financiera de Slim en la que La Caixa compró una participación) lo que La Caixa pensó que podría ser una forma de entrar en el negocio bancario mexicano y latinoamericano se convirtió en realidad en un intento de Slim de comprar algunas participaciones estratégicas industriales para La Caixa.

La Caixa nunca pudo desarrollar una estrategia de expansión de su negocio bancario en México y Latinoamérica, y, sin embargo, Slim sí tenía preparada su “hoja de ruta” para desembarcar en dichas participadas. Los “desencuentros” eran ya tan evidentes, que La Caixa tomó la decisión de vender parte de su participación en Imbursa (el 10 %),  aplicando la normativa de no controlar más de un 10 % de una sociedad financiera. Operación que coincidió mas o menos en el tiempo con la compra de una participación de 8.4 % de YPF por parte de Slim tras la expropiación a Repsol de su filial argentina, por lo que resulta que Slim está en las negociaciones Repsol- Pemex- YPF para ver cómo se indemniza a Repsol. Y no solo eso, estaría apoyando a Pemex en su ofensiva contra el presidente de la petrolera española. Petrolera que, a su vez, es accionista de Gas Natural y cuya participación ha puesto en venta, aunque los expertos aseguran que se realizará una “operación overnigh” con un descuento de un 3 %, porque es imposible pagar la prima que piden desde Repsol.

En los últimos días, Pemex ha explicado en rueda de prensa la necesidad de Repsol de cambiar de presidente por su “incapacidad” de gestionar, ganar valor para los accionistas y criticando incluso el sueldo del presidente de la petrolera española, un sueldo que efectivamente, votaron los representantes del Pemex en el consejo de administración de Repsol. Brufau, quien ya fuera cuestionado – según portada de Expansión- hace un año por sus propios accionistas de referencia, también mantuvo una guerra abierta con Luis del Rivero, presidente entonces de Sacyr Vallehermoso, que terminó saliendo de la presidencia de la constructora y del consejo de Repsol.

Sea como fuere, una vez más en el centro de operaciones cruzadas de máxima importancia para España se encuentra La Caixa, que intenta defender los intereses de sus participadas, aunque esta vez con el “lobo en casa”. Todo apunta a que Slim, cuyo representante institucional en España es el expresidente Felipe González, ha montado un lío de enorme magnitud, implicando intereses empresariales y diplomáticos de los que según el presidente Rajoy “se irán resolviendo tranquilamente”.

BBC

“Bodas, Bautizos y Comuniones”, son los nuevos objetivos del Ministerio de Hacienda. Consideran desde el ministerio que el fraude que se produce al pagar las celebraciones familiares en negro, y por lo tanto sin contabilizar el IVA, es masivo en nuestro país. Hace un par de meses Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, explicó en Nueva York que España es el penúltimo país de la Unión Europea en recaudación por el impuesto sobre el valor añadido, y que había dado orden para remediar esta “anómala situación”. El fraude fiscal en España, la economía sumergida, se cifra entre el 26 % y el 30 % del Producto Interior Bruto en los últimos años.

La situación de gravedad es evidente, en España intenta defraudar todo el mundo, acorde con sus capacidades. El que más tiene defrauda de forma más sofisticada, el que menos tiene intenta pagar menos a Hacienda acorde con su situación. Lo único que está claro es que en España no defraudan las personas con nómina, la gran clase media, cada vez más baja y menos media.

Gran parte del fraude fiscal en nuestro país de “bajo volumen” pero de ingentes cantidades si se suman el conjunto del fraude tiene que ver con el sistema de “módulos” de los autónomos, diseñado para navegar en la “línea” que separa el fraude del no fraude, y en el empleo en negro. Miles de personas, tal y como se viene demostrando en los últimos meses han estado y están cobrando el subsidio por desempleo y además trabajando sin cotizar por ello.

Miles de personas también trabajan habitualmente sin contratos, por lo que la defraudación es doble -la del empleador y la del empleado.  Y a sumar a todo esto, hay miles de personas que, a través de empresas pantalla y de elaborados artificios contables llevan años defraudando a hacienda- son las denominadas grandes fortunas-, cuyos casos estamos conociendo también en los últimos meses. Este último sería el caso de Jaime Botín, las investigaciones abiertas a la familia entrecanales o Carceller entre muchas otras.

En realidad una gran parte de la economía sumergida se puede eliminar si se bajan los impuestos, tanto directos como indirectos. A mayor presión fiscal, mayor intento de la población de evitar “ en lo que se pueda” pagar a Hacienda. En Cataluña por ejemplo, el impuesto sobre las personas físicas alcanza en el 57 % en el tramo más alto, es decir para salarios a partir de los 150.000 € brutos al año. Este impuesto es claramente confiscatorio, no es posible pagar el 57 % de lo que ingresas porque eso implica trabajar hasta septiembre para el Estado.

Cuando el Gobierno, éste y los anteriores, aseguran que en conjunto en España se recauda poco a nivel impositivo, lo que nadie explica es que en España los salarios no tienen nada que ver con los de nuestro entorno, pagando impuestos similares. En Alemania también se paga el 52 % de lo que se ingresa vía IRPF, pero a partir de los 250.000 € brutos al año.

Cuando en España lo mollar de la población tiene un sueldo que va desde los 25.000 € brutos al año hasta los 40.000 € brutos al año, no podemos hablar de un país “de ricos” sencillamente porque no es cierto. En Extremadura, por ejemplo el 90 % de la población gana hasta 25.000 € al año, según las declaraciones del presidente Monago cuando anunció la rebaja del impuesto autonómico del IRPF.  Traducción: los salarios son bajísimos, el nivel de vida no se corresponde con los salarios y los impuestos para la clase asalariada son sencillamente una barbaridad. Se ha llegado al punto que es mejor ganar menos, para pagar menos impuestos, lo que repercute negativamente en la economía. El progreso conlleva mejorar el poder adquisitivo y la renta per cápita de la población, no que todos ganen mas o menos lo mismo, y que eso mismo sea poco.

Pagar a Hacienda es una obligación de los contribuyentes, pero Hacienda -que cada vez somos menos- tiene que comprender que no es posible aguantar un nivel impositivo de los más altos de la Unión Europea, con salarios en la cola de la Unión Europea.

Wert, ese hombre

La última metedura de pata del Ministerio de Educación ha tenido que ver con las becas Erasmus que no son ni más ni menos que una subvención-ayuda estatal a todos los jóvenes españoles que deciden estudiar un año de su carrera universitaria en algún país de la comunidad europea con la que existan acuerdos universitarios.

El ministerio se equivocó gravemente al explicar en una nota, una vez comenzado el curso y con los jóvenes en los países y ciudades de destino, que las becas Erasmus se suprimían para decenas de miles de ellos, y que sólo podrían disfrutarlas aquellos que hubieran recibido una beca general el curso anterior.

Todo un despropósito evidente, que por lo visto en el Ministerio de Educación nadie fue capaz de imaginar su alcance. ¿Pero como es posible que con tantos asesores, un gabinete de comunicación y decenas de funcionarios en el ministerio nadie fuera capaz de ver que la medida era una bomba de relojería?

Sencillamente inexplicable cambiar las reglas del juego una vez comenzado el partido. Un error mayúsculo, que el ministerio, efectivamente, tardó horas en rectificar, con el apoyo incluso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una vez que todo el mundo -incluido el PP- mostró que estaba en contra. Sea como fuere, el Ministerio de Educación debería de cambiar inmediatamente a tanto asesor inútil, y un departamento de comunicación claramente ineficiente.

Este año las becas Erasmus se mantienen tal cual, es decir, con una ayuda de 105 € al mes por estudiante del gobierno central, otros 100 € de la Unión Europea y el resto hasta 300 € al mes de los ayuntamientos y las comunidades autónomas -la de la Rioja, por ejemplo, aseguró en Twiter que ellos cubrirían la no beca del estado en caso de que se aplicara la nueva normativa central tal y como estaba previsto-.

Pero la cuestión de fondo se mantiene viva. Desde 2011 (es decir con el Gobierno del presidente Zapatero), las denominadas becas Erasmus han visto reducido su presupuesto hasta los 16 millones de euros de los 62 millones de euros en el 2010. Un recorte de prácticamente del 70 %.

Bruselas considera que España no puede dedicar una partida de esta magnitud a subvencionar -independientemente de los recursos familiares- a todos los universitarios que decidan que quieren estudiar un año en el extranjero. Bruselas exige unos mínimos de renta para que los universitarios puedan acceder a esta subvención. Niveles de renta, en ningún caso de excelencia en el dossier académico de estudiante. Esto es lo que se proponen cambiar a partir de ahora Bruselas y el Gobierno de España. El año que viene nada será igual, porque solo gozarán de esa ayuda de 300 € al mes alumnos con las rentas más bajas y aquellos que hayan tenido una beca general del Ministerio de Educación en el año precedente.

La cuestión que se dirime, que está ahora mismo encima de la mesa, es si todos los estudiantes universitarios en España tienen derecho a que los contribuyentes subvencionemos ya no el 75 % de sus cursos universitarios, sino también hasta 300 € adicionales al mes para pagar parte de sus gastos mientras realizan un curso en el extranjero independientemente de la renta, e independientemente de su currículum. Esto es lo que todos los contribuyentes deberíamos empezar a valorar a partir de ahora, cuando se sabe que el año que viene la historia será muy distinta.

En España hay familias completas que sobreviven en una vergonzosa situación límite con la pobreza, con rentas de inserción social de 450 € al mes. En España hay pensiones no contributivas que no superan los 500 € al mes, de las que malviven familias completas. Hay hasta 300.000 abuelos que con sus pensiones mantienen a familias completas. Con esta situación real, ¿tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para dar una paga de 300 € al mes a un joven universitario, dando igual si su familia tiene o no recursos suficientes para hacer frente al gasto del año en el extranjero? ¿Es eso justo? ¿Es eso solidario, que reciban la misma subvención hijos de familias acomodadas que hijos de familias con pocos recursos?

Banca: la gran jibarización sectorial

Cuando la gran crisis crediticia global estalla coincidió con la Asamblea Anual de Naciones Unidas en Nueva York. Todos los meses de septiembre la Gran Manzana se convierte en la capital política del mundo. Dos semanas después es Washington la capital financiera del mundo con la reunión anual “de otoño” del FMI.

Era 2009, Lehman Brothers no había aguantado en el envite de la administración estadounidense y su colapso por la consecuencia de décadas de expansión del crédito sin colateral que lo avalase, décadas de créditos hipotecarios -millones- a personas que se sabía positivamente jamás pagarían, créditos infinitos a “empresas burbuja”, cuya máxima expresión y premonitoria fue el estallido de las “puntocom”.

En aquel entorno recesivo para Estados Unidos de contracción de crédito mundial, de desplome de la banca, llegó el presidente Zapatero a Nueva York explicando la “fortaleza de la banca española gracias a las provisiones que se habían hecho, y que eran la envidia del universo”. Evito la referencia al resto de la situación económica de España.

A partir de ese momento todo lo susceptible en materia macroeconómica, microeconómica y bancaria susceptible de ir mal fue peor. Varias reformas financieras que se estrellaron frente a la realidad política de las comunidades autónomas y de los poderes establecidos que impedían las operaciones de fusión. El invento de las famosas fusiones frías de José Pérez (Intermoney) con la colaboración inestimable ayuda de algunos expertos en derecho mercantil de Uria. Estos expertos, por cierto cuyas minutas millonarias pagamos todos los contribuyentes con dinero público, terminaron fusionando manzanas podridas con podridas, por responder a los intereses políticos y a las presiones de los entonces “infalibles”, Campa, Vegara, Ocaña y Salgado.

De aquellos polvos, por supuesto, este lodazal en el que 5 años después seguimos sumergidos. Llegó el ejecutivo del PP que dudó al principio sobre qué hacer -los socialistas creyeron que Guindos nunca sería capaz de hacer caer a Rato, por ejemplo, de Bankia- hasta que no tuvo mas remedio. Tres decretos, tres reformas y la última con un MoU -Memorando of Understanding- por medio con Europa y el Banco Central Europeo a cambio de reducir a una tercera parte el sistema financiero español (de 40 entidades antes de la crisis a 10 en 2013) en tiempo récord, y con un cheque de hasta 100.000 millones de euros de los que al final se usaron 40.000 millones (y otros 10.000 que probablemente sean necesarios antes de final de año).

Ese MoU implicó también la creación de un “banco malo”, financiado por los contribuyentes y parte de la banca para comprar los activos “tóxicos” y sacarles de los balances de los bancos. Después de comprar lo malo y lo peor -que era muchísimo-, cerramos el mes de septiembre con una tasa de morosidad del 12 %. Tasa de morosidad de la banca realmente histórica e incomprensible, porque si todo lo malo estaba fuera… es que no estaba fuera todo lo malo, o el deterioro económico sigue siendo un arma de destrucción masiva.

La morosidad bancaria indica dos cosas, la debilidad económica por un lado y la imposibilidad de que la banca que ha sobrevivido dé crédito a familias y PYMES. Las condiciones son draconianas y el dinero mas bien escaso. Un dinero que, desde hace ya muchos meses solo pasa por que te lo presten 10 entidades, que por supuesto saben exactamente la situación financiera de todos los españoles. Entre el control de las cuentas corrientes por parte de los bancos, y de las conversaciones y mails por parte de la administración Obama, vamos dados.

En la parte positiva de la balanza hay que centrarse en que por fin la banca superviviente hace sus deberes, hace provisiones extraordinarias, ordinarias y mediopensionistas que fortalecen los balances y que han permitido también, que la inversión extranjera regrese a España. Los resultados del BBVA, Santander o la Caixa indican que los “supervivientes” del tsunami son mas grandes, más fuertes, y mas precavidos. No volverá la alegría del crédito a las tasas que vivimos en el 2007 nunca, no volverán los préstamos al consumo con la misma alegría para comprar coches, televisiones de plasma o hacerse operaciones de estética. Aquello forma parte de la historia.

Ahora los bancos españoles son menos, la banca se ha jibarizado. Pero también son mejores y procurarán financiar tasas de crecimiento sostenible que les permita mantener los márgenes sin apostar por consumos extremos (incluidos los suyos). A partir de ahora veremos más consolidaciones, más apuesta por los mercados internacionales y  un crédito al consumo extraordinariamente moderado. Dice el BBVA que desde el año que viene. Veremos.

Las encuestas y la economía

Son históricas frases como “es la Economía, idiota” que espetó Bill Clinton a George Bush padre en la campaña presidencial a la Casa Blanca que le ganó, o “con una economía más fuerte, Estados Unidos será más fuerte” de Ronald Reagan. En el Reino Unido la artífice de la “rebelión económica” fue Margaret Tatcher, en Alemania la coalición ShoederMerkel a lo largo de la última década y media ha transformado sus pilares económicos, y ahora llega la segunda parte en España. José María Aznar fue el artífice de la modernización económica de España, y ahora Mariano Rajoy va a ser el presidente que evite la tragedia ya no del hundimiento, sino del tsunami que se nos venía encima. Negarlo es como negar que hay noche y día.

La situación es evidente que se ha estabilizado. Si durante años explicamos que el diferencial de la prima de riesgo era “la fiebre causada por una infección-metástasis” en un enfermo llamado España, ahora la fiebre ha remitido, de forma sustancial. Y negarlo es sencillamente ridículo. Claro que en una economía globalizada los desequilibrios en cualquier parte del mundo afectan a todos los países. Pero no es menos cierto que afectan de una forma u otra dependiendo de la fortaleza del paciente. Y ahora, económicamente hablando, estamos infinitamente mejor que hace un año y medio. La balanza por cuenta corriente se ha dado la vuelta, las exportaciones suben, el diferencial de la prima de riesgo ha caído 400 puntos básicos, las familias y las pymes se han desendeudado en 350.000 millones de euros -que se dice pronto- en un año y medio. Se han congelado los salarios de los funcionarios públicos, se han reducido los salarios en la empresa privada entre un 30 % y un 45 % dependiendo de los casos. La banca se ha jibarizado, hasta el punto que en 18 meses hemos pasado de tener en España nada más y nada menos que 45 entidades financieras a 12, y el año que viene serán 7 u 8.

La reforma laboral ha impedido, sí impedido, que continuara la destrucción masiva de empleo y la desaparición de decenas de miles de empresas. Se ha desactivado a los sindicatos, en colaboración con los propios sindicatos que veían como o colaboraban o colaboraban. La situación de España en diciembre del 2011 eran lentejas o lentejas. Y todo el mundo lo asumió.

Y un año y medio largo después vemos como el gasto público continúa incrementándose. ¿Porqué? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que tras la salvaje subida de impuestos se recaude menos? Pues muy fácil, porque no es cierto que la mayor parte del fraude a todos que es la economía sumergida esté en el sector de las grandes empresas y los “mas ricos”, que lo hay. Es porque la mayor parte del fraude a hacienda – fundamentalmente vía IVA- es en la economía real, en las profesiones liberales – desde la medicina hasta la fontanería-.  La cuestión en este sentido es fácil: muchas miles de familias están sobreviviendo gracias a la economía sumergida, a cobrar el paro y otros subsidios y hacer chapuzas en negro, o simplemente trabajando en negro. Culpables dos: los que contratan en negro y los que trabajan en negro. La connivencia es obvia.

La segunda razón del gasto público desmesurando son las partidas a las que va destinado: pensionistas, subsidios por desempleo y por atender el servicio de la deuda. Si bien en éste último aspecto – el de la deuda- los contribuyentes nos estamos ahorrando unos 5.000 millones de euros, gracias a la caída de la prima de riesgo, aun sigue siendo elevadísimo. Las partidas para el desempleo son sencillamente insoportables – porque implican 5 millones de personas queriendo trabajar y sin poder-, y la partida para los pensionistas es la que es, porque son los que son – casi 9 millones-  e irán a más.  Tanto la reforma para cobrar el subsidio de desempleo, como la reforma de las pensiones eran impepinables para flexibilizar la economía, y sobre todo, poder mantener ambas partidas en alguna medida.

Pero luego queda el grueso del “estado del bienestar”, que son tres elementos: administraciones públicas, educación y sanidad. La Administración Pública, según el presidente Rajoy aseguró en Nueva York ha reducido su personal en 250.000 personas. Eran empleados no funcionarios, es decir, contratados públicos. En sanidad y educación se están haciendo esfuerzos para controlar el gasto, pero es complicado porque hemos llegado a un nivel en el que los recortes afectan directamente a derechos adquiridos muy difíciles de erradicar. Ir de mal a bien, siempre es muy fácil, ir de muy bien – como eran los ingresos medios per cápita en España- a muy mal, no hay quien lo digiera sin un enfado mayúsculo.  En todo caso, es lo que hay porque todos hemos colaborado en alguna medida a que fuera así. Todos votamos a los representantes públicos que invertían en museos de arte moderno, aunque no gustara el arte moderno, o en el Ave aunque no hubiera pasajeros, o en aeropuertos sin aviones o en universidades en cada capital de provincia, aunque a 150 km a la redonda existieran otras dos o tres.

Ahora llega lo duro, reformar las administraciones y el estado del bienestar como lo entendíamos tradicionalmente. Y el Gobierno lo tiene que hacer con cautela, sabiendo que los que menos tienen no pueden seguir pagando la crisis. Antes de terminar olé por Elvira Rodríguez y la CNMV, olé porque por fin se expedienta también a aquellos que con renombre dan clases magistrales de ética defraudando miles de millones de euros en Suiza. Las encuestas empiezan a demostrar en España también, como con Clinton, o Tatcher, o Shroeder, o Merkel o Aznar, etcétera que la economía no solo importa, también vota.

Argentina

La repentina operación de la presidenta de Argentina, Kristina Fernández de Kirchner, ha despertado todo tipo de suspicacias sobre lo que puede ser el futuro político de Argentina en los próximos dos años. En el 2015 hay elecciones presidenciales, antes las habrá al Congreso, y las fichas se mueven rápidamente dentro del peronismo.

Como partido único – el resto es residual y De la Rúa no dejó un buen sabor de boca-, las broncas dentro de la formación se intensifican. Máxime aún con la figura del vicepresidente-presidente interino Boudu. Este hombre joven, economista, que toca en una banda de música, tiene varios procedimientos abiertos por corrupción que se pueden empezar a dirimir en los siempre complicados tribunales argentinos en los próximos meses. De momento ejercerá, con todos los poderes, la presidencia del país en un momento de enorme debilidad política.

Hace unos meses, el kirchtnerismo perdió las elecciones municipales, y aunque conserva aproximadamente un 30 % de los apoyos, el nerviosismo se ha apoderado de la Casa Rosada.

A la falta de transparencia política, a la corrupción endémica política- empresarial argentina se le une también la inestabilidad económica, con una inflación que no se sabe exactamente cual es, siendo el único país en vías de desarrollo- desarrollado que no emite deuda en los mercados, y por lo tanto su financiación es en cash y se está quedando sin reservas.

Capacidad cada vez más complicada de encontrar financiación e inestabilidad jurídica que se puso de manifiesto, por ejemplo, con la expropiación de Repsol, pero no solo. Las empresas extranjeras, los inversores internacionales presentes en Argentina se quejan de la falta de seguridad jurídica, argumentan que siempre hay que para por un “lobby político” y pagar para conseguir desde licitaciones hasta cierta libertad de comercio interno. Los medios de comunicación privados están siendo sistemáticamente acosados, y los medios de comunicación públicos son un instrumento más del poder.

Hablando de Repsol –YPF, continúan las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo que determine un justiprecio a la expropiación. Los esfuerzos diplomáticos se vieron también en Nueva York la semana pasada, con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas.  Pero, la Presidenta argentina y sus asesores no quieren ni oír hablar de pagar más por los activos de YPF. El acuerdo con Chevron, la petrolera estadounidense – con varios casos abiertos por contaminación a gran escala, por ejemplo en Ecuador- , sigue adelante pese a los esfuerzos de la cúpula directiva de Repsol de evitar que dicho acuerdo llegue a buen puerto. Un acuerdo, al que parece también se podría sumar el histórico socio en la petrolera española PEMEX. Los mexicanos ya han mostrado su interés en formar una coalición con los estadounidenses y los argentinos para explotar el inmenso yacimiento de gas y crudo de Vaca Muerta.

Repsol, mientras mantiene su estrategia de crecimiento vía compras, sigue estudiando la posibilidad de llegar a algún acuerdo con una petrolera estadounidense de mediana capitalización lo antes posible. Su interés está centrado en el Upstream, pero no solo. La cordillera con mayor capacidad de fracking en Estados Unidos está en Filadelfia, un estado en el que en las próximas décadas esperan un gran retorno económico gracias a ésta práctica. Paralelamente iniciará sus extracciones offshore en Namibia en febrero del año que viene y están en negociaciones avanzadas para la venta de su paquete en gas Natural.