Radicales venezolanos atacan empresas eléctricas e intereses españoles

La muerte de Chávez ha recrudecido los ataques contra Maduro al que muchos consideran más vulnerable que su predecesor. Y para atacar al régimen, empresarios con “mucha plata” e intereses personales e ideológicos no dudan en atacar a empresas y empresarios nacionales y extranjeros. La oposición venezolana, que tiene argumentos muy sólidos que defender, corre el riesgo de caer en manos de radicales que por hacer oposición política o defender sus propios intereses atacan sin miramiento a los pocos empresarios dispuestos a invertir en el país, entre ellos compañías españolas.

El radicalismo que ejerce la oposición más dura al régimen chavista, tanto desde el propio país como desde el exilio, puede afectar a la inversión en el país y dañar los intereses de compañías españolas o de otras nacionalidades y a las pocas empresas serias y exitosas de la propia Venezuela. Evidentemente que el Régimen actual de Venezuela tiene poca defensa y le queda mucho camino por recorrer para liberalizar su economía, eliminar intervencionismos, dinamizar sectores estratégicos como el eléctrico y captar la inversión foránea. Pero, los radicales para atacar políticamente atacan las inversiones y el trabajo que empresas eléctricas españolas y venezolanas están haciendo en el país caribeño en pro de comenzar una nueva fase de modernización y transformación de lo que supone el sector eléctrico venezolano, necesitado claramente de desarrollo como lo demuestra el reciente apagón que afectó a la totalidad del país.

El sector eléctrico de Venezuela, en manos del Estado, cuenta con compañías privadas que gestionan concesiones públicas y que son las que están invirtiendo para la modernización de una red obsoleta y claramente deficiente. Ese sector privado está liderado por una empresa venezolana, Derwick, que, dirigida por el empresario Alejandro Betancourt, se ha convertido en un ejemplo de gestión moderna y eficaz capaz de crecer rentablemente y continuar invirtiendo en Venezuela y fuera de sus fronteras. Detrás de ella, dos empresas españolas, Duro Felguera e Iberdrola, han invertido y creado puestos de trabajo y desarrollo. Les siguen Alstom, IMPSA, CMEC, Sinohydro o TSK, compañías de todo tipo y procedentes de diferentes países.

Todas estas empresas están sufriendo ataques de personalidades relacionadas con la derecha más radical que crean blogs, encargan supuestos estudios técnicos sin fundamento, ponen querellas, difaman y calumnian para atacar indirectamente al régimen y justificar eventuales excesos y corruptelas del chavismo y el Gobierno venezolano.

El problema es que, al margen de lo que políticamente se pueda considerar, no puede obviarse los intereses directos que los llamados representantes de la oposición más radical venezolana tienen a la hora de destapar supuestos casos de corrupción.

Una guerra política que puede acabar afectando a los intereses de las eléctricas españolas y que puede aislar aún más a Venezuela del circuito económico internacional.

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